Poder Judicial destituye a tres servidores judiciales de las cortes de Ayacucho y Moquegua

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) oficializó hoy, en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la destitución de un notificador de la Central de Notificaciones del Módulo de Justicia de Huanta (Ayacucho) y de dos servidores judiciales del Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo (Moquegua).
En el primer caso, se impuso la medida disciplinaria de destitución a César Antonio Rojas Gonzales, por su actuación como notificador debido a que ejerció patrocinio indebido a favor de Raida Soto Ayala, en un proceso sobre alimentos seguido contra Marcelino Huanaco Mayhua, habiendo, incluso, usado para tal fin bienes del Estado.
Según la Investigación de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (Odicma) de Ayacucho, el notificador efectuó escritos a favor de la referida justiciable, lo que constituye la comisión de una grave conducta disfuncional del servidor investigado.
Por otro lado, también se dispuso la destitución de los servidores judiciales Alejandro Vargas Cancino y Elsa Viblanda Mamani Gómez, por sus actuaciones como técnico judicial y secretaria judicial del Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo, en la Corte Superior de Justicia de Moquegua.
De acuerdo con la Queja Odicma-Moquegua, se recoge la propuesta de destitución formulada por la jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) en contra de ambos trabajadores, debido a que redactaron una resolución que no debió ser redactada por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Ilo, donde laboran.
El documento que consigna la investigación agrega que los servidores transgredieron lo previsto en el artículo 266, inciso uno, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece el deber de actuar únicamente en su juzgado y no efectuar “labores ajenas a sus funciones”.
Asimismo, se refiere que los denunciados realizaron labores de tramitación de una demanda de alimentos, al igual que de elaboración de solicitudes cautelares.
Tanto la investigación como la queja de las Odicma de Ayacucho y Moquegua, respectivamente, están refrendadas por los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidido por Javier Villa Stein; y compuesto por Antonio Pajares Paredes, Sonia Torre Muñoz y Enrique Rodas Ramírez.