Esta última instancia pidió no olvidar que los organismos vivos modificados (OVM) –más conocidos como transgénicos– son propiedad de empresas que detentan patentes sobre ellos. “Esto no solo no favorece a nuestros pequeños agricultores, sino que les puede ocasionar una dependencia económica y tecnológica, que la mayor parte de ellos no está en la capacidad de afrontar”, advierte el Minam.
Héctor Velásquez, director ejecutivo de la Red de Acción en Agricultura Alternativa (RAAA), resaltó que esta tecnología resulta incompatible en nuestra realidad geográfica, de biodiversidad genética y de una agricultura familiar predominante. Mencionó que existen casos registrados en el mundo de contaminación genética de las variedades nativas de algunos cultivos, móvil que originó que sus productores terminaran pagando las regalías a las empresas transnacionales dueñas de las patentes.
No dudó en señalar que la contaminación se dará por una práctica cultural de los campesinos de recoger los frutos y utilizarlos como semillas.
Igualmente, la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú considera en su comunicado que estas normas “encierran intereses empresariales y condenan a la pequeña y mediana agricultura a la debacle al obligar al campesino a convertirse en dependiente de esas semillas”.
Para Fernando Cillóniz, experto en temas agrícolas, esta hipótesis es tonta, porque nadie puede obligar a un agricultor a comprar semillas transgénicas. También puso en entredicho las supuestas denuncias de contaminación genética en Estados Unidos y Canadá, según consultas que realizó a la FAO.
Por el contrario, señaló que la agricultura transgénica aumentará la productividad de algunos cultivos, como el maíz amarillo duro, y que puede salvaguardarse algunas zonas territoriales a la agricultura orgánica, como ocurre en otras partes del mundo.
A propósito de su participación en la elaboración del reglamento, el Minam, en su comunicado de ayer, manifestó que tendrán una participación en las decisiones, aunque no vinculantes, de los permisos de ingreso de los cultivos transgénicos como consecuencia de la legislación actual. De esta forma confirmó que llegaron a un consenso con Agricultura para publicar el documento que, según algunos sectores críticos, debió ser ventilado previamente a la sociedad civil, entre ellos los agricultores.
Velásquez, del RAAA, dijo que hubiera esperado una opinión más clara por parte del titular del Ambiente, Antonio Brack, sobre la necesidad de una moratoria al tema de los transgénicos, para fortalecer las instituciones a cargo de la fiscalización.
Durante los últimos meses, Brack se mostró en contra del ingreso de los transgénicos. Sin embargo, en su despacho indicaron ayer que no hará comentarios al respecto, y que en su reemplazo estaba el pronunciamiento a la opinión pública.
En tanto, el Ministerio de Agricultura, responsable del reglamento, respondió con un comunicado. Allí señala que solo se ajustaron al orden jurídico establecido en la ley de bioseguridad, el cual exigía la publicación de un reglamento sectorial.
Frente a las duras críticas sobre las capacidades técnicas del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), resaltó que se ha fortalecido esa instancia y que se ha invertido en un laboratorio de biología molecular, en la que se realizarán los análisis del caso.
Para hoy se anunció una conferencia de prensa por parte de Conveagro y otros gremios del sector en la que anunciarán sus medidas contra la publicación del reglamento.
Parte de las protestas incluye movilizaciones hacia las dependencias de Agricultura y Ambiente, para demandar la derogación del reglamento.
También se estudia alguna salida jurídica para poner freno a la ejecución del ingreso de transgénicos.
Algunos otros gobiernos regionales evaluarían declarar a sus ámbitos regiones libres de transgénicos, como ocurrió con Ayacucho, San Martín, Huánuco, Cusco y Lambayeque.
Al interior del país se alistan movilizaciones, como en Tacna, donde el gobierno regional dijo estar a favor de los transgénicos.
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