Como se recuerda, mediante resolución suprema Nº 121-2011-PCM, se conformó dicho grupo de trabajo integrado por representantes del MINAG, de los Ministerios de Ambiente, Producción, Salud, Comercio Exterior y Turismo, Concytec, Conveagro, Confiep, Aspec, Sociedad Nacional de Industrias y Comex. La Comisión estuvo presidida por el Ing. Manuel Sigueñas, funcionario del MINAG.
La Comisión se instaló el pasado 2 de junio en ceremonia especial que fue encabezada por el ministro de Agricultura, Jorge Villasante. De acuerdo a la resolución, el mencionado grupo contó con 30 días calendarios en la elaboración del informe final.
En las conclusiones, los miembros de la comisión consideran – entre otros puntos- que lo más adecuado es que se utilice en el reglamento la clasificación por usos de los Organismos Vivos Modificados (OVM), establecida en el protocolo de Cartagena. Para ese fin se establecen los siguientes aspectos: uso en espacio confinado para investigación; liberación en campo y producción; alimentación humana y animal, incluido procesamiento.
La comisión considera que no solo se debe tener en cuenta los criterios de evaluación que afectan a la salud y a la diversidad biológica por el uso de OVM, sino que se debería contemplar criterios socioculturales y económicos, además de tomar en cuenta, la calidad especial del Perú por ser un país megadiverso y centro de origen y diversificación de especies.
Asimismo, recomienda que se elabore la definición de los tipos de riesgos y que estas sean incluidas en el glosario de términos de la norma.
La comisión acordó que no es posible que la evaluación y la gestión de riesgo recaigan en una misma entidad, ya que se generaría un conflicto de intereses y deja expresa constancia que en el enfoque de análisis de riesgo este tiene tres componente claramente definidos a) la evaluación de riesgos (base o evidencia científica) b) la gestión de riesgos (decisión basada en la ciencia). c) la comunicación de riesgo.
Se recomienda la armonización de las definiciones de biotecnología moderna contenidas en la legislación nacional en concordancia con el Protocolo de Cartagena.
La comisión considera de suma importancia que el Estado peruano otorgue el financiamiento apropiado en equipo, personal, y capacitación al organismo dedicado a la investigación incluida la investigación asociada a riesgos, a las universidades acreditadas como un sistema, así como el organismo dedicado al control y fiscalización de la aplicación del reglamento.
También recomienda construir oficialmente la línea base de la diversidad biológica potencialmente afectada por el uso de los OVM, cuyos criterios deberían ser elaborados y oficializados. La lista se actualizará periódicamente y su elaboración recaerá en instituciones públicas y privadas.
De acuerdo al reglamento, la instancia a cargo de otorgar autorizaciones y a la vez cumplir con la función de vigilancia y control le compete al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
La comisión recomienda que las instancias vinculadas con la gestión sea que participe en el otorgamiento de autorizaciones para actividades de las OVM como que participen en la vigilancia y control reciban un urgente fortalecimiento y desde el Estado como carácter prioritario.
Para las labores de vigilancia, la Comisión recomienda la instalación y equipamiento óptimo de un laboratorio oficial de análisis de referencia, que trabaje para el sistema nacional de vigilancia de bioseguridad y el fortalecimiento de la capacidad de inspección. Para ese efecto, deberán de aprovecharse las capacidades ya desarrolladas en el país.
Al final, la comisión culminó la redacción de sus conclusiones, que fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes.
